El Black Friday se ha consolidado como uno de los eventos comerciales más importantes del año en Colombia. Miles de consumidores aprovechan los descuentos y cientos de empresas despliegan estrategias agresivas de venta en comercio electrónico y tiendas virtuales. Este incremento en transacciones, sin embargo, también aumenta el riesgo de que se vulneren derechos básicos de los consumidores.
Con esto en mente, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) realizó en 2024 un monitoreo especial dirigido a más de 60 establecimientos en línea, con el fin de verificar si las promociones y ofertas publicadas cumplían efectivamente con la Ley 1480 de 2011, más conocida como el Estatuto del Consumidor.
Tras varias semanas de seguimiento y revisión detallada, la entidad anunció sanciones superiores a los $3.068 millones contra 10 empresas que utilizaron el comercio electrónico para promocionar productos sin cumplir con las normas de información, transparencia y garantías. Las compañías sancionadas fueron:
Estas sanciones no surgieron por un único motivo, sino por un patrón común: la falta de información clara, veraz y suficiente durante la temporada de descuentos. La SIC identificó que muchas de las promociones ofrecidas omitían detalles esenciales que permitían entender con certeza las condiciones reales del descuento. En varios casos, no se especificaba si las ofertas eran acumulables, cuántas unidades podían adquirir cada persona, cuál era el tiempo estimado de entrega o si existían restricciones adicionales. Al no informar esto de manera transparente, los consumidores no podrían tomar decisiones de compra informadas, lo cual constituye una infracción directa al Estatuto del Consumidor.
Otro aspecto crítico identificado fue la insuficiente información sobre los productos. En el comercio electrónico, donde el consumidor no puede ver básicamente el artículo, la descripción se convierte en el elemento central para decidir. Sin embargo, el SIC encontró que varias plataformas omitían datos relacionados con materiales, medidas, forma de uso, advertencias, restricciones, origen y demás características esenciales. Esta omisión no solo afecta la experiencia del comprador, sino que altera la representación del producto y puede considerarse publicidad engañosa.
Las sanciones impuestas por la SIC son un llamado de atención contundente para el comercio electrónico en Colombia. En un mercado donde la digitalización avanza rápidamente, las empresas deben comprender que la transparencia no es una opción, sino una obligación legal. Toda la información publicada en páginas web, redes sociales, descripciones de productos, banners, correos promocionales e incluso historias efímeras se considera publicidad y, por lo tanto, implica responsabilidad jurídica.
El incumplimiento de estas obligaciones no solo exponen a las empresas a sanciones económicas, sino que también deteriora la confianza del consumidor, un activo fundamental en los entornos digitales.
La información utilizada para este artículo proviene del comunicado oficial de la SIC. El presente documento constituye un análisis interpretativo para fines informativos.
