Dos hombres fueron condenados a 37 años y seis meses de prisión por el homicidio de Jaime Esteban Moreno, el estudiante universitario que murió después de una agresión ocurrida en Bogotá durante la madrugada del 31 de octubre de 2025. La decisión judicial marca un avance importante para la familia, pero no cierra el proceso: tanto las defensas como la representación de las víctimas han anunciado su intención de apelar.
La pregunta que queda sobre la mesa es tan jurídica como humana: ¿por qué una familia que logró una condena de más de 37 años considera que todavía debe discutirla ante otro juez?
La respuesta exige entender qué decidió exactamente el juzgado, cómo se determina una pena y qué puede revisar la segunda instancia.
Una condena de 450 meses de prisión
El Juzgado 801 Penal del Circuito Transitorio de Bogotá condenó a Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro a 37 años y seis meses de prisión —450 meses— como responsables, en calidad de coautores, de homicidio agravado. La decisión se conoció el 19 de octubre de 2026 y fue ampliamente divulgada al día siguiente.
El caso se relaciona con la agresión sufrida por Jaime Esteban Moreno Jaramillo, de 20 años, después de salir de una celebración de Halloween. Según la reconstrucción probatoria presentada en juicio por la Fiscalía, el joven intentó retirarse de una confrontación, pero fue perseguido y atacado. Falleció el 1 de noviembre de 2025 a consecuencia de las lesiones.
La Fiscalía sustentó su acusación con grabaciones de cámaras de seguridad, testimonios y resultados médico-legales. El juez acogió la tesis de homicidio agravado, no la interpretación de los hechos que buscaban las defensas. La sentencia es de primera instancia: todavía puede ser revisada a través de los recursos legales.
¿Por qué la familia quiere una pena mayor?
Camilo Rincón, abogado de la familia, explicó públicamente que la inconformidad se dirige al monto de la sanción. La representación de las víctimas ha sostenido que las circunstancias acreditadas durante el juicio justificarían una pena superior. Medios que cubrieron la audiencia reportaron solicitudes cercanas a 45 años o más.
La condena, por tanto, no se está cuestionando desde la misma perspectiva: las defensas anunciaron recursos contra la decisión, mientras que la representación de las víctimas busca revisar la dosificación punitiva, es decir, el cálculo judicial de la pena dentro de los límites legales.
Es fundamental no presentar la cifra solicitada por una parte como si fuera la pena que obligatoriamente correspondía imponer. La cuantía depende de las normas aplicables, las circunstancias probadas, los criterios de dosificación y la motivación de la sentencia. Sin el análisis íntegro de la providencia y de los argumentos de cada recurso, no puede afirmarse que el juzgado calculó mal la pena.
¿De dónde salen los años de cárcel?
En Colombia, la pena por homicidio no es una cifra fija para todos los casos. El artículo 103 de la Ley 599 de 2000 regula el homicidio, y el artículo 104 contempla circunstancias de agravación con consecuencias punitivas más severas. También existen reglas generales de determinación de la pena, circunstancias de mayor o menor punibilidad y garantías procesales que el juez debe aplicar al caso concreto.
Por eso, dos procesos por muertes violentas pueden terminar con sanciones distintas, incluso cuando los titulares periodísticos parecen describir situaciones similares. No basta contar los golpes, la cantidad de participantes o el impacto mediático: el juez debe justificar jurídicamente los elementos del delito y la pena.
En este proceso, el juzgado impuso 450 meses de prisión a cada condenado. La discusión que se abre con los recursos no es un concurso de indignación pública: exige razones jurídicas verificables.
¿La familia de una víctima puede apelar una sentencia condenatoria?
Sí. En el proceso penal colombiano, las víctimas tienen derechos de participación y pueden intervenir, por los cauces legales, en decisiones que afectan sus intereses. La Ley 906 de 2004 regula los recursos contra sentencias, incluido el trámite de apelación del artículo 179.
Una apelación permite que el superior judicial examine los aspectos cuestionados de la decisión, dentro del alcance de los recursos y las garantías del proceso. Según quién recurra y qué se controvierta, el debate puede referirse a responsabilidad, calificación jurídica, valoración de pruebas o pena. No significa que el superior necesariamente vaya a aumentar la sanción.
En el caso de Jaime Esteban Moreno, la familia ha anunciado que cuestionará el monto de la condena. Las defensas también anunciaron que acudirán a la segunda instancia. Por ello, el resultado de la revisión sigue abierto.
¿La condena ya es definitiva?
No. A 20 de octubre de 2026, la información pública consultada identifica la decisión como una sentencia de primera instancia y reporta recursos anunciados. No se ha verificado que esté ejecutoriada.
Esto no borra lo ocurrido en el juicio: un juzgado ya dictó condena. Pero tampoco permite afirmar que la pena de 37 años y seis meses sea inmodificable. La segunda instancia deberá pronunciarse sobre los asuntos que lleguen válidamente a su conocimiento.
También conviene diferenciar la firmeza de una sentencia de la situación de privación de libertad de los procesados. Una persona puede encontrarse detenida mientras su condena aún no está ejecutoriada, conforme a las decisiones judiciales y las reglas aplicables.
¿Qué pasa con las otras personas investigadas?
La prensa ha informado que existe una investigación relacionada con una mujer señalada de haber alentado o instigado el ataque. Esa situación debe distinguirse de la condena de los dos hombres: la responsabilidad de cualquier tercero exige su propio trámite, pruebas y decisión judicial. No es correcto presentar como condenada a una persona que no lo está.
En redes sociales, esta diferencia importa especialmente. Las imputaciones, las versiones de testigos y las decisiones judiciales tienen niveles de certeza y consecuencias diferentes.
Tres claves para entender el caso sin confundir justicia con una cifra
Primera: el juzgado declaró responsables a dos hombres y les impuso una pena de 450 meses por homicidio agravado.
Segunda: la familia puede cuestionar la dosificación de la pena y las defensas pueden impugnar la decisión; que existan recursos no anticipa el resultado.
Tercera: la sentencia todavía no debe describirse como firme mientras no se compruebe su ejecutoria.
Preguntas frecuentes
¿37 años y seis meses equivalen a 450 meses?
Sí. Treinta y siete años son 444 meses; al agregar seis meses, el total es 450.
¿Si la familia apela, necesariamente aumentarán la pena?
No. La segunda instancia debe evaluar los argumentos y los límites procesales aplicables. Puede mantener o modificar la decisión según corresponda.
¿Una condena de primera instancia significa que el proceso terminó?
No necesariamente. Si proceden y se tramitan recursos, la decisión puede ser revisada antes de adquirir firmeza.
¿La condena se impuso por homicidio simple o agravado?
Los reportes de la audiencia y la comunicación de la Fiscalía identifican el delito como homicidio agravado.
¿Se puede afirmar que otras personas mencionadas en el caso también son culpables?
No. La responsabilidad penal es individual y debe establecerse en el proceso correspondiente. Una investigación o señalamiento no equivale a condena.
El cierre judicial aún está pendiente
El caso de Jaime Esteban Moreno vuelve a poner en discusión el alcance de las penas, los derechos de las víctimas y las garantías de quienes enfrentan un proceso penal. La decisión de primera instancia es relevante, pero la revisión anunciada sigue siendo una etapa fundamental.
Más allá de la cifra, lo que debe exigirse a la justicia es una decisión fundada en pruebas, debidamente motivada y respetuosa de los derechos de todas las partes.
En Lawa LegalTech orientamos a personas y familias que necesitan comprender una decisión judicial, sus recursos y las alternativas procesales disponibles. Cada caso requiere revisar el expediente y los plazos aplicables; este artículo es informativo y no reemplaza asesoría jurídica individual.
FUENTES
1. Ley 599 de 2000 (Código Penal), artículos 103 y 104; compilación de la Cancillería
2. Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal), artículo 179; compilación normativa MinTIC
4. Esther Andrea Moreno Mosquera, El País (Cali), 20 de octubre de 2026
5. Jenny Rocío Angarita, Caracol Radio, 19 de octubre de 2026 (actualizada el 20)
